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El Tribunal Supremo estima nuestro recurso y fija importante jurisprudencia. Acceso a la función pública. Fecha de valoración de méritos.
El Tribunal Supremo en sentencia de 15 de noviembre de 2019, que nos fue notificada el pasado viernes 22 de noviembre, ha estimado el recurso de casación que defendió el abogado Vicente Nogueroles, fijando importante doctrina jurisprudencial en relación a la fecha de valoración de méritos por los Tribunales calificadores en los sistemas de concurso-oposición.

Con ello, aparte de ayudar a formar jurisprudencia, hemos conseguido restablecer la legalidad y se deberá volver a valorar los méritos de los participantes, que llevarán a la necesaria concesión de la plaza de Técnico de Administración General a nuestra cliente en Ayuntamiento de la provincia de Alicante.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2019 (Sala de lo contencioso-administrativo, sección cuarta, nº. 1594, R. casación 2810/2017, ponente Excma. Sra. Dª. Celsa Picó) estima el recurso por interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, en relación a la decisión sobrevenida y no publicada al inicio del proceso selectivo que había adoptado el tribunal calificador del municipio, en relación al dies ad quem o fecha final de valoración de los méritos en un proceso selectivo de concurso-oposición para el acceso a dos plazas de Técnico de administración general.

La sentencia del supremo declara como interés casacional en su FD noveno

que cuando las bases de la convocatoria guarden silencio sobre la determinación de la fecha tope a tener en cuenta para valorar los méritos de los aspirantes en pruebas de procesos selectivos convocados por el sistema de concurso-oposición los tribunales de selección no pueden fijarla en un momento posterior a la fase de oposición, sino que deben establecer como fecha tope la establecida en la convocatoria para la presentación de las instancias”.

La sentencia ha merecido además la atención del prestigioso blog del Magistrado J.R. Chaves www.delajusticia.com que ha publicado un post hoy lunes 25 de noviembre de 2019, del que dejamos el enlace con sus siempre enriquecedores comentarios “Importantísima doctrina casacional sobre fecha de valoración de méritos”.

Se trataba de un supuesto en que el proceso de selección para dos plazas de TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL se había demorado injustificadamente por el Ayuntamiento más de dos años y medio (30 meses) desde el inicio del mismo en la fecha de finalización de presentación de instancias (17/1/2011). Transcurridos 27 meses se inicia la fase de oposición (exámenes) que concluye en tres meses (30/05/2013) y es en ese momento, cuando el tribunal calificador informa, de forma sobrevenida y sin que se hubiera publicado previamente ni constara en las Bases de la Convocatoria, que ha decidido valorar los méritos de los aspirantes, no tomando en consideración la fecha de presentación de instancias, 30 meses antes, que era una fecha cierta y conocida por todos los aspirantes, sino la de ese día, ¡¡dos años y medio después!!.

Con esa decisión, permitió durante esos 30 meses sumar méritos a una de las aspirantes Dª. B que a la fecha de finalización de instancias no los tenía hasta entonces y que ya trabajaba de forma interina como TAG en el mismo Ayuntamiento. De esa forma, le permitió sumar un montón de puntos por experiencia profesional y superó in extremis en el segundo puesto a nuestra cliente Dª. A, que también trabajaba en el Ayuntamiento pero como auxiliar administrativa y que por tanto no podía sumar tantos méritos, siendo además que ya estaba en el inicio en 2011 casi en los máximos. Por el contrario, de valorar los méritos al inicio del proceso selectivo, es nuestra cliente y recurrente quien quedará en segundo lugar.

El cambio no anunciado al inicio del dies ad quem de valoración de méritos retrasándolo 28 meses solo benefició ostensiblemente a la aspirante Dª. B.

Si el Tribunal de selección hubiera respetado las normas básicas del sistema de concurso-oposición, la recurrente Dª. A habría quedado en segundo lugar.

Contra la decisión del tribunal calificador del Ayuntamiento se interpuso recurso contencioso administrativo que fue estimado por el Juzgado de lo contencioso número cuatro de Alicante. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en sentencia de 16 de febrero de 2017 (sala de lo contencioso, sección segunda, recurso de apelación 130/2014) revocó la sentencia del juzgado, y ha sido esa Sentencia la que ha sido objeto del recurso por interés casacional objetivo, que ahora ha resultado estimado formando jurisprudencia y reconociendo el derecho de la recurrente a la plaza cuando se ejecute.

Al Tribunal Supremo en nuestro recurso de casación le ofrecimos a efectos de probar la lesión del principio de interdicción de la arbitrariedad y seguridad jurídica (art. 9.3 Constitución Española) un símil deportivo, en cuanto a la certeza que debe existir al inicio del partido (en nuestro caso proceso selectivo de concurso oposición):

“La doctrina de la sentencia recurrida permite en los casos en que se guarde silencio en las Bases que el tribunal calificador pueda elegir a posteriori discrecionalmente la fecha a la cual se computarán los méritos, generando incerteza e inseguridad. Con ello, coloca en situación de desigualdad a los aspirantes ya desde el mismo momento de inicio del proceso selectivo, pues éstos no conocen las reglas del juego y si el proceso se prolonga durante mucho tiempo, sin justificación alguna, no sabrán los méritos que van a ser valorados en ese proceso al que se han inscrito. Sólo a quien se quiera favorecer conocerá la decisión final sobre la fecha de valoración de méritos.

Ponemos un ejemplode la infracción del principio de igualdad que supone la tesis de la sentencia: es como si en un partido de fútbol, los jugadores nunca supieran cuanto tiempo va a durar el segundo tiempo y el final del partido. Todos sabemos que en el juego del fútbol hay dos tiempos de 45 minutos y cuando concluye el segundo tiempo, el partido ha terminado, con un resultado de victoria para unos de los dos equipos o bien de empate entre los dos. Imaginemos que en un partido de Liga se pudiera dejar al criterio del árbitro del partido (tribunal calificador) la duración del segundo tiempo. Y añadamos que además ese criterio se les da a conocer no al inicio del partido sino ya al final del partido, próximos a finalizar los segundos 45 minutos y cuando ya uno de los equipos ha adoptado decisiones de cambios de jugadores. Con ese poder, al árbitro (tribunal calificador) se le estaría dando una potestad exorbitante y arbitraria para alargar la finalización de ese segundo tiempo cuanto fuera necesario para que su equipo “amigo” que va perdiendo se recuperase y empatase o ganase, si es que mantiene alguna posibilidad. Y sabemos que el empate suma 1 punto y la victoria 3 puntos. Se lesiona el principio de igualdad pues no todos los jugadores conocían esa decisión del árbitro.

La seguridad y certeza que existe en el mundo del deporte en cuanto a las reglas conocidas por todos los participantes al inicio del juego - en fútbol dos tiempos de 45 minutos o en tenis un partido a cinco sets - también debe ser predicable en el acceso a la función pública en la Administración al inicio del proceso.”

El Tribunal Supremo ha entendido perfectamente este símil y en su FD OCTAVO, que es donde está lo nuclear, señala:

Las reglas del juego de valoración de la fase de concurso no pueden quedar inciertas e indefinidas en el tiempo.

Un comportamiento que no fije una fecha tope de valoración desde el momento de la convocatoria puede conllevar un trato privilegiado a favor de algún participante permitiendo la obtención de méritos fuera de la fase inicial en que, independientemente de su acreditación documental, deberían haber sido obtenidos por todos los concurrentes

Una actuación distinta supondría un quebranto del principio de igualdad por desconocerse qué fecha va a decidir el tribunal de selección fijar como límite para la obtención/valoración de los méritos
.”

Sabemos que los méritos se pueden acreditar en un momento posterior a la finalización del proceso selectivo PERO siempre debe haber certeza y seguridad sobre el momento temporal o dies ad quem o final de computo de méritos al que se van a valorar. Y esa fecha cierta debe ser PUBLICADA al inicio del proceso selectivo para que sea de general conocimiento a todos los posibles aspirantes.

Si nada se dice sobre la fecha de valoración de méritos en las bases de la convocatoria, entonces ello no se podrá dejar al criterio del tribunal calificador y será la fecha de la finalización del plazo de presentación de instancias, siendo esta la doctrina jurisprudencial que forma la sentencia de 15 de noviembre de 2019. Y ello aunque se trate de una administración del Estado o de una administración local,

La sentencia del Supremo resume muy bien en el FD tercero de la Sentencia que acompañamos las infracciones normativas, de principios y jurisprudencia que alegamos y que las Administraciones locales no pueden obviar:

En el FD Octavo, la STS asume varios de esos principios: PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURÍDICA, INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD, OBJETIVIDAD DE LA ACTUACIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS (art. 9.3 CE y art. 103 CE), PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA EN LOS PROCESOS SELECTIVOS.

Debe ser conocido al inicio del proceso selectivo cuáles van a ser las reglas de valoración de méritos para que todos los posibles aspirantes decidan si concurren o no. Si se valoran los méritos al final de la fase oposición debe informarse y entonces se presentarán muchos más aspirantes, pero si no se dice nada, que es lo que aquí ocurrió, debe aplicarse el artículo 44.5 del RD 364/1995 que señala que se valoran los méritos con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación de instancias.

Se alegaron también los principios de INDEPENDENCIA Y AGILIDAD (como puede durar un proceso selectivo 30 meses desde su inicio tardando 27 meses en iniciar la fase oposición que se resuelve en tres meses); Principio de BUENA FE Y CONFIANZA LEGÍTIMA, principio de IGUALDAD y principios de CAPACIDAD Y MÉRITO.

En conclusión, una sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2019 que como califica el magistrado JR Chaves en su post arriba reseñado conforma importantísima doctrina jurisprudencial, y que humildemente nuestro despacho Nogueroles asesores & abogados hemos contribuido a formar.

Confiemos que en todos los procesos selectivos de acceso a una plaza de funcionario en estos tiempos difíciles, sean transparentes, objetivos y respetuosos con el principio de seguridad jurídica y prohibición de la arbitrariedad, para que no tenga entrada favoritismo alguno.

Vicente Nogueroles
Abogado
Director Nogueroles asesores & abogados
vicente@nogueroles.com

Publicada el 25 Nov 2019 por Nogueroles
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